De la subida del IVA y otros cuentos de terror

La tensión en el ejecutivo español es evidente: pese a haber aprobado un paquete de medidas por valor de 65.000 millones de euros, la voracidad de los mercados no se ha apagado, empujando cada vez más a la economía española al borde del precipicio. La receta impuesta desde Europa en el Memorandum of Undestanding o MoU (donde las medidas de política económica "sugeridas" han sido "curiosamente" las aplicadas por el gobierno, condicionalidad vaya) alivia los síntomas temporalmente, bajando la fiebre de este enfermo, pero no cura la gripe.

Unas medidas que tienen justificación teórica, pero que en la práctica (como suele pasar en economía) no está tan justificadas. Analizaré una de las más polémicas: la devaluación fiscal.

Puesto que España no puede devaluar su moneda para salir de la crisis, puesto que la política monetaria depende del Banco Central Europeo, la vía para aumentar la competitividad de la economía es a través de una devaluación fiscal. ¿En qué consiste una devaluación fiscal? Como toda devaluación, trata de aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones, consistiendo en este caso en un aumento de los impuestos indirectos (IVA) para hacer nuestras importaciones más caras (los productos exteriores que entran han de aplicar IVA español, por lo que un coche alemán pasa de un 18 a un 21%) y las exportaciones más baratas (la subida de IVA no afecta a precio exterior, al gravarse en destino y no en origen), combinado con una reducción de las cotizaciones sociales a las empresas, de manera que sus costes disminuyan y trasladen este descenso al precio de sus productos. Se aumenta la competitividad española sin tocar la moneda, ¡es la idea perfecta!

Sin embargo a la hora de llevarlo a la práctica, con una tasa de paro en niveles estratosféricos y un consumo privado hundido, parece no ser lo más apropiado, cargando en exceso el coste de la medida sobre los ciudadanos y sin ser todo lo eficaz que podría ser, puesto que mientras el IVA sube 3 puntos en el tipo general y 2 puntos en el tipo reducido este año, las cotizaciones sociales bajan un punto este año y un punto el que viene. El déficit condiciona en exceso esta medida, puesto que lo óptimo a mi parecer sería una "suma cero", es decir, que el aumento de la recaudación por el incremento de IVA compensase la caída de los ingresos de un menor gravamen en las cotizaciones sociales.

Se trata de un ajuste que hubiese sido más apropiado en la década de los 2000, donde los costes laborales unitarios españoles crecieron por encima del resto de sus socios europeos, minando la competitividad, y donde hubiese sido más sencillo llevarlo a cabo.

La baja presión fiscal española (por presión fiscal se entiende ingresos por impuestos entre el total del PIB) no es sinónimo de unos bajos tipos de gravamen en relación a otros países europeos, sino de un elevado fraude fiscal, no sólo el de las grandes fortunas, sino también el "aceptado" socialmente "¿la factura la quieres con IVA o sin IVA?". Una subida del IVA genera un incentivo sobre el ciudadano para evadir el pago del mismo, pues como si de una inversión se tratase, el rendimiento de la defraudación es la cantidad que se deja de pagar por impuestos (ingreso) menos la sanción por la probabilidad de ser descubierto (coste). Por tanto, existe el incentivo mientras no se aumenten las sanciones o se aumente la probabilidad de ser descubierto. 

Por tanto, un aumento de la vigilancia y sanciones en materia fiscal (como propone el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda o GESTHA) podría aumentar los ingresos del Estado (aumentando la presión fiscal) sin afectar a los tipos de gravamen. Existen alternativas a la subida de tipos, que si bien parece una buena medida sobre el papel, se demuestra que en la realidad es contraproducente.